La respuesta: La fianza legal es una mensualidad en vivienda (dos en uso distinto), y las garantías adicionales no pueden superar dos mensualidades más (art. 36 LAU, contratos desde 2019). Pedir seis meses por adelantado como 'garantía' no es legal.

La respuesta: Aunque el contrato diga un año, se prorroga obligatoriamente para el arrendador hasta 5 años (7 si es persona jurídica), salvo que necesite la vivienda para él o su familia y lo haya puesto expresamente en el contrato (art. 9 LAU). Después, 3 años más de prórroga tácita.

La respuesta: Sin cláusula de actualización, no hay subida. Con ella, en los contratos firmados desde la Ley de Vivienda (mayo 2023) el tope es el nuevo Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda del INE, que sustituye al IPC; el resto, lo que diga el contrato con el IPC como referencia habitual.

La respuesta: Desde la Ley 12/2023 los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato son a cargo del arrendador, sin excepción, en arrendamientos de vivienda (art. 20.1 LAU). Si te los cobraron después de esa fecha, se reclaman.

La respuesta: Un mes desde la entrega de las llaves (art. 36.4 LAU). Si se retrasa, la fianza genera el interés legal del dinero. Solo puede retener lo que justifique: daños más allá del desgaste normal o rentas y suministros pendientes. El desgaste por el uso no se descuenta.

La respuesta: El arrendador debe hacer las reparaciones necesarias para conservar la vivienda habitable (art. 21 LAU). El inquilino solo asume las pequeñas reparaciones por el desgaste del uso ordinario (una bombilla, un grifo que gotea). Una caldera, salvo mal uso, es del propietario.

La respuesta: El piso alquilado es tu domicilio y está protegido por la Constitución. Entrar sin tu consentimiento puede ser delito de allanamiento, aunque sea el dueño. Las visitas para revisar o enseñar el piso se acuerdan contigo.

La respuesta: Nadie puede desalojarte por su cuenta. El impago se resuelve con un desahucio judicial (que es rápido, unos meses), y cambiar la cerradura o cortar suministros es un delito de coacciones del casero. Mientras tanto, la deuda sigue creciendo, claro.

La respuesta: Solo si el contrato lo prevé expresamente, una vez transcurrido el primer año, con preaviso de dos meses, y para vivienda permanente del propietario o de familiares en primer grado (o cónyuge separado). Si en 3 meses no la ocupan, puedes volver o pedir indemnización (art. 9.3 LAU).

La respuesta: El inquilino puede desistir a partir de los 6 meses con 30 días de preaviso (art. 11 LAU). Solo si el contrato lo pacta, indemnizas con una mensualidad por cada año que reste (proporcional por meses). Nada de perder la fianza 'por irte antes' si no está pactado.

La respuesta: En zonas declaradas tensionadas (hoy, sobre todo municipios de Cataluña), la renta del nuevo contrato no puede superar la del anterior actualizada por el índice, y si el propietario es gran tenedor, tampoco el índice de referencia. Cobrar de más se reclama.

La respuesta: Desde 2023 la ley dice que el pago se hará por medios electrónicos, y solo excepcionalmente en metálico si alguna de las partes no tiene cuenta (art. 17.4 LAU). Pagar por transferencia es, además, tu mejor prueba.

La respuesta: El arrendamiento verbal es válido y te da los mismos derechos (art. 37 LAU). Recibos, transferencias y mensajes sirven para probarlo. Cualquiera de las partes puede exigir que se formalice por escrito en cualquier momento.

La respuesta: Los gastos generales (IBI, comunidad) son del propietario salvo pacto expreso por escrito que fije su importe anual a la fecha del contrato (art. 20 LAU). Sin esa cláusula, no te los pueden repercutir. Los suministros con contador, sí, salvo pacto contrario.

La respuesta: El comprador ocupa el lugar del casero y debe respetar el contrato durante los 5 (o 7) primeros años (art. 14 LAU). Y antes de vender, deben ofrecértelo a ti (tanteo) o, si no lo hicieron, puedes recomprar en las mismas condiciones (retracto), salvo que renunciaras a ello en el contrato.